Maipú está cada vez más en los medios de comunicación nacional ya sea por el protagonismo de la máxima autoridad comunal en las redes sociales o por el impacto mediático de los acontecimientos que se viven a nivel local. En este ámbito están los fallos judiciales que están obligando al municipio al pago de millonarias indemnizaciones a trabajadores despedidos al comienzo de la nueva administración comunal. Se habla de miles de millones del presupuesto municipal que deberán redestinarse para cubrir estas obligaciones.

De los casi mil funcionarios que trabajaban a honorarios y que fueron despedidos al asumir la nueva alcaldía, cerca de trescientos demandaron al municipio por despido injustificado. En su mayoría son funcionarios con varios años de servicio y que, de este modo, enfrentaron la acusación de que se trataba de trabajadores “fantasmas”.

Los tribunales del trabajo han indicado que si tenían una relación de dependencia y supervisión del municipio y que corresponde el pago de la indemnización por años de servicio, las cotizaciones previsionales adeudadas y demás derechos laborales.

Después de dos años, los fallos comenzaron a ejecutarse y, lentamente, la municipalidad también inició los pagos. Algunos se retrasaron más que otros, entre ellos el de Bárbara Díaz, lo que llevó a sus abogados a pedir una acción inédita como fue el embargo de fondos de la subvención que recibe el municipio para educación.

Intentamos obtener al interior del municipio alguna información sobre cómo estos pagos están afectando las arcas municipales y la ejecución del presupuesto municipal. Sólo el concejal Abraham Donoso nos respondió indicando que aún no está claro. “Es una realidad oculta bajo cifras muy menores, como las que se publican”, indica y agrega “por ejemplo, para la demandante Bárbara Díaz se decretaron 54 millones de pesos para su pago, pero no se dice que además hay que pagar AFP, AFC y Salud correspondiente a los años que se comprobaron que trabajó en la municipalidad. Eso significa una cifra invisible de alrededor de 100 millones”.

Para entender esta situación, conversamos con el abogado Alejandro Pareto, que representa cerca de 90 trabajadores, entre los que se encuentra Bárbara Díaz y que logró que se anunciara el embargo de subvenciones educacionales para la comuna.

¿Cómo se llega a esta solicitud?

Llegamos a esto en la causa correspondiente a una trabajadora que despidieron en diciembre de 2016, la señorita Bárbara Díaz, que era periodista de alcaldía, y a raíz de su desvinculación se inicia un juicio ordinario por declaración de relación laboral, despido injustificado y nulidad del despido, el cual es acogido por el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago mediante una sentencia, fallo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones. La causa ingresó al Juzgado de Cobranza Laboral en el mes de enero de 2018 y desde entonces estábamos tratando de cobrar. A nosotros nos inhabilita la inembargabilidad de los bienes municipales, a diferencia de lo que se puede hacer con un demandado que sea institución privada, entonces, ¿qué medidas de apremio tenemos?: podemos solicitar el arresto de la alcaldesa, lo que se ha solicitado en más de una oportunidad, pero los Juzgados de Cobranza son reacios a tomar esa medida. Entonces, optamos por ver las subvenciones y solicitamos el embargo sobre ellas. Nuestro ánimo nunca fue embargar; si bien se lo pedimos al tribunal y éste lo decretó, no llevamos a cabo la medida porque en el intertanto el municipio pagó los 54 millones, que era lo que pretendíamos con esta medida de presión.

Este es uno de cientos de casos, ¿cuál es la situación del resto?

Al menos en los casos que nosotros llevamos, los que han tenido sentencia favorable y ya están en etapa de cobranza, a muchos ya se les pagó en enero, que son los primeros despidos de diciembre de 2016 de la nueva administración. Sabemos de otras causas en que los abogados habrían solicitado el embargo de la cuenta corriente del municipio por retraso en los pagos.

Estos despidos son habituales en los cambios de administraciones municipales, ¿por qué ha sido tan singular el caso de Maipú?

Es lo masivo de los despidos. Siempre en estos cambios salen funcionarios contratados a honorarios, pero nunca al nivel que lo hizo la nueva administración. Estamos hablando de más de mil personas, entre los que había funcionarios con más de 10 años trabajando en el municipio a honorarios cumpliendo funciones propias del servicio, como secretarias, auxiliares de aseo, etcétera, que no tenían por qué eliminarse y los sacaron no más. Se entiende que puede haber razones políticas, pero el estigma que puso la alcaldesa de que eran “fantasmas” se demostró en los tribunales que no era así, que existía relación laboral entre estos trabajadores acusados de “fantasmas” y el municipio de Maipú. Los tribunales han determinado que eran trabajadores de verdad.

¿Han sido despidos injustificados?

Así lo han señalado los tribunales.

¿Cómo han evaluado esta estrategia municipal?

No creo que sea desconocimiento de la normativa laboral. Tengo muy buena opinión de los colegas que trabajan en el municipio, de nuestra contraparte. Creo que son decisiones que se toman entre cuatro paredes, en la alcaldía o la administración municipal. Nadie entiende muy bien por qué hubo tanta gente despedida, sabiendo que a partir de 2015 hubo un cambio de criterio de la Corte Suprema, que ha permitido el inicio de todas estas causas. Ni los mismos jueces entienden qué pasó en Maipú.

Y está significando un daño patrimonial importante a la municipalidad, sólo el caso del que hablamos significó $54.000.000…

Ojo que no son sólo 54 millones de pesos, son los 54 millones más cotizaciones previsionales, y se siguen incrementando porque hasta que se acredite el pago de las cotizaciones previsionales no se puede convalidar el despido y cada mes que pasa se sigue acumulando un sueldo más. Es decir, entre AFP, Fonasa y Fondo de Cesantía, fácilmente se adeudan 100 millones más.

Se ha hablado que el municipio podría llegar a pagar 20 mil millones de pesos en indemnizaciones por estas demandas de despidos injustificados.

Lo que sucede es que, si tomamos en cuenta las indemnizaciones solicitadas más las cotizaciones adeudadas a los trabajadores más las multas e intereses, hablamos de cifras millonarias. Por ejemplo, tenemos una persona que llevaba 12 años trabajando en el municipio y ganaba sobre 2 millones de pesos mensuales, el cálculo de cotizaciones que tendrá que pagar la Municipalidad de Maipú está en los 500 millones de pesos sin hablar de la indemnización. Es sólo una persona. Entonces esas cifras no están alejadas de la realidad si tomamos en cuenta todas las personas en juicio al día de hoy.

¿Cómo enfrentaron judicialmente estos despidos?

Sucede que, por mucha militancia que pudiera haber tenido un funcionario, este simple hecho no amerita su despido si éste estaba cumpliendo la función para la que estaba contratado y otras muchas, por periodos prolongados en el tiempo. Es lo que hemos acreditado en los tribunales. Es difícil determinar cuál fue el razonamiento de esta administración para ocasionar todos estos despidos.

La gran mayoría de nuestros defendidos son funcionarios antiguos, muchos de ellos con más de 10 años de servicio, y cuando los despidieron salieron sin nada, con una mano adelante y la otra atrás.

Por eso más del 90% de los casos se van a ganar.

El criterio de la Corte Suprema es que corresponde reconocer la existencia de una relación laboral de estos trabajadores cuando se cumplen ciertas condiciones como la supervisión y dependencia, entre otras.

Demandamos que se reconozca la existencia de una relación laboral, que el vínculo entre el trabajador y la municipalidad no es una relación civil a honorarios sino que es un vínculo de supervisión y dependencia en virtud del artículo 7 del Código del Trabajo, que estaban contratados ilegalmente a honorarios. Cuando el tribunal reconoce esta relación laboral, corresponde que se le apliquen los derechos que establece el Código del Trabajo: que se le page la indemnización sustitutiva del aviso previo, los años de servicio, el recargo del 50% de los años de servicio, el feriado proporcional, las cotizaciones y la Ley Bustos, que es la inviabilidad del despido hasta que estén pagadas todas las cotizaciones.

¿Podría la máxima autoridad municipal llegar a responder ante los tribunales por estos juicios?

Es una posibilidad en el caso que no pagara estos juicios laborales fallados a favor de los trabajadores y el tribunal reiterara la dictación del decreto de pago, ahí aplica el apercibimiento para que lo dicte y si no lo cumple y no informa, podríamos llegar a eso. Aunque no es nuestro ánimo, son acciones extremas, pero pasan por el no querer pagar estos juicios laborales. Pero de un tiempo a esta parte el ánimo ha variado y el municipio ha comenzado a pagar algunos juicios que estaban atrasados hace algún tiempo.